A pesar de que la resolución que podéis descargar más abajo (accediendo a RESOLUCIÓN RESIDENCIA POR RAZONES HUMANITARIAS ó DESCARGA) deniega la solicitud inicial de asilo, no obstante señala cuál es la situación actual del país (Venezuela).

«Según la información de país de origen, Venezuela se encuentra inmersa en una situación convulsa en la que concurren simultáneamente múltiples crisis desde el punto de vista económico, social y humanitario, afectando de forma aguda y conjunta a todos los ámbitos.

De este modo, ese organismo internacional señala que la falta de independencia del Poder Judicial, el inadecuado ejercicio de las funciones de órganos constitucionales esenciales y los casos de corrupción en el país permean aún más la débil institucionalidad estatal. En un clima de confrontación política, se han detectado distintas actividades de represión por parte de las fuerzas gubernamentales contra gobernadores, diputados y determinadas personas de los grupos de oposición.

El Presidente de la República inauguró el 10 de enero de 2019 su segundo mandato, cuya duración prevista se extiende hasta 2025. No obstante, las elecciones celebradas en mayo de 2018 y que le habrían dado como ganador para este segundo mandato han sido cuestionadas por carecer de garantías democráticas, al negarse a participar en las mismas las fuerzas mayoritarias de la oposición, alcanzarse un nivel de abstención histórico (más del 54%) y haberse rechazado la participación de tres partidos opositores. Además, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, ha usurpado el poder de la Asamblea Nacional y ejerce funciones que le corresponderían al Parlamento, como aprobar los presupuestos. Es ante dicho órgano ante el que Nicolás Maduro juró el cargo, en lugar de hacerlo ante la Asamblea Nacional como establece la Constitución.

La razón para ello es que el Parlamento, de mayoría opositora y elegido en 2015, está declarado en desacato, ya no existe para el Gobierno y ha sido despojado de sus funciones. A lo anterior se suma que Venezuela está sumida en una crisis económica sin precedentes en la que a los problemas de escasez se han añadido una hiperinflación desorbitada -el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una subida de los precios del 1.800.000% en dos años- y una dependencia de las clases populares de las ayudas del Gobierno.

Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas en conexión con la solicitud y las condiciones específicas del país de origen, se aprecia razonablemente que se encontraría en grandes dificultades para acceder a la alimentación, medicamentos o vivienda en caso de retorno. De este modo, el contexto general de inseguridad en el país de origen no sería compatible con el disfrute de los derechos inherentes de la persona que formula la solicitud ya que se considera que su situación personal resultaría gravemente empeorada por el retorno, lo que justifica la aplicación de medidas humanitarias de protección.

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Sin embargo, teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas en conexión con la solicitud y las condiciones específicas del país de origen, se aprecia razonablemente que se encontraría en grandes dificultades para acceder a la alimentación, medicamentos o vivienda en caso de retorno. De este modo, el contexto general de inseguridad en el país de origen no sería compatible con el disfrute de los derechos inherentes de la persona que formula la solicitud ya que se considera que su situación personal resultaría gravemente empeorada por el retorno, lo que justifica la aplicación de medidas humanitarias de protección.»